La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha expresado una postura crítica frente a la reforma judicial y la elección de jueces en México, destacando preocupaciones sobre su impacto en la autonomía del Poder Judicial, la división de poderes y el riesgo de influencia del crimen organizado. En comunicados emitidos en 2024 y 2025, la CEM señaló que la reforma, aprobada en septiembre de 2024, no garantiza una mejor impartición de justicia y podría acentuar la polarización en el país.
En mayo de 2025, durante su CXVIII Asamblea Plenaria, la CEM expresó temor a que las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, en las que se elegirán 881 cargos, incluidos ministros de la Suprema Corte, puedan derivar en un Poder Judicial controlado por personas no idóneas o vinculadas al crimen organizado. El presidente de la CEM, Ramón Castro, subrayó la necesidad de vigilancia ciudadana y un análisis ético del proceso, manteniendo una postura de neutralidad frente a casos específicos, como el retiro de candidaturas relacionadas con la iglesia de la Luz del Mundo.
La CEM también destacó el bajo nivel de participación en las elecciones judiciales, con un 87% de abstención, interpretándolo como un reflejo del desaliento ciudadano ante la búsqueda de justicia. Instaron a un diálogo constructivo para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar una justicia más cualificada, sin comprometer la estabilidad del país.
Aunque la CEM no interviene directamente en el proceso electoral, se posiciona como una voz moral, abogando por el respeto al orden constitucional y la promoción del bien común.
